Desde el año 2002 he estado inmerso en el activismo político y social en mi país, la República Dominicana, y a partir del año 2015 tuve el privilegio, junto a grandes líderes jóvenes latinoamericanos, de iniciar un proyecto regional llamado Red Humanista Por Latinoamérica1, el cual me ha permitido palpar a ciencia cierta, la realidad que embarga nuestra región y las grandes deudas sociales acumuladas en el tiempo.
En 2016 asumí la candidatura por la Alcaldía del Distrito Nacional2, motivado en promover una transformación local integral, que se tradujera en mayor justicia social y equidad; para la franja social más pobre de la ciudad; convencido de la importancia nodal que constituye el desarrollo local en la lucha por alcanzar el bien común.
Dicha candidatura me permitió recorrer todos los sectores, conversar con su gente y adentrarme en su realidad. Conocer, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento, carencia de agua, electricidad, limitados espacios públicos adecuados y el ambiente hostil al cual estaban expuestos nuestros niños y adolescentes en los barrios; llegué a la conclusión de que el gran reto que tenemos por delante como región para erradicar la existente brecha social que reproduce pobreza, delincuencia y condena a nuestras sociedades al atraso, se centra en articular políticas públicas efectivas que nos permitan aprovechar el bono demográfico joven que hoy tenemos.
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Según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Latinoamérica es la región más desigual del planeta “donde un niño tiene una probabilidad inferior de un 50% de estar matriculado que otro de un país con desarrollo humano alto y donde 17% de los jóvenes menores a 20 probablemente fallezcan” (PNUD, 2019).
Podemos apreciar, que es precisamente en la juventud, el mayor activo que posee América Latina, donde la relación de dependencia ya ha alcanzado niveles relativamente bajos, lo cual nos brinda una ventaja estratégica. Así lo expresa el informe sobre Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica “Esta fase se inició a principios del siglo XXI, y se espera que dure hasta finales de la próxima década, cuando vuelva a subir la relación de dependencia que, sin embargo, permanecerá por debajo de 2/3 hasta comienzos de los años 2040” (CEPAL/ OIJ/UNFPA, 2012, pág.29).
Esta realidad simboliza un reto mayúsculo porque además gran parte de nuestros jóvenes no estudian y muchos trabajan a temprana edad, perdiéndose en las calles, convirtiéndose en víctimas de la desigualdad, agredidos por el entorno y marginados por la sociedad.
Allí radica el gran dilema social que embarga a nuestra región, ¿qué hacer para romper el círculo vicioso que reproduce pobreza en nuestros barrios? ¿Cómo aprovechar el gran caudal de juventud y reducir la desigualdad? ¿Cómo promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida en nuestros barrios?, y ¿qué pasaría si no hacemos nada?, en momentos donde las perspectivas de progreso socioeconómico son más sombrías, ya que indudablemente esta triste realidad que vive la región es potenciada por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Según el Informe Perspectivas Económicas de América Latina de la CEPAL, que mide el coeficiente GINI del ingreso familiar, América Latina y el Caribe tiene un 47%, alto comparado con el 42% de África y 36% de Asia y Pacifico. Este mismo informe presenta la gran brecha existente entre el PIB de los países latinoamericanos y las naciones desarrolladas; y advierte sobre el bajo crecimiento económico, las tasas de desigualdad y los crecientes niveles de pobreza, aún sin considerar la potenciación de estos factores por la pandemia sanitaria del COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha estancado la economía mundial, colapsado el sistema sanitario y refleja las grandes falencias estructurales existentes en Latinoamérica y el Caribe. Esto ha significado un golpe sin precedentes en las economías y mercados laborales de la región; ya que, para reducir la propagación de la enfermedad, la mayoría de los países de la región optaron por adoptar medidas restrictivas en la movilidad y la paralización de actividades económicas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha proyectado que esta situación provocará la peor contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en la historia de la región, estimando la caída en 9.1% tan solo en el año 2020, esto significaría el aumento de la desigualdad, el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema. Así lo establece en su Informe sobre Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, “en todos los países se registró una marcada reducción de la tasa de ocupación que, para el conjunto de los países con información disponible alcanzó 10 puntos porcentuales” (CEPAL/OIT, 2020). Una contracción de este tipo supondría una pérdida estimada en 47 millones de empleos en toda la región.
En el caso particular de América Latina y el Caribe, una de las grandes debilidades que adorna a la región es su alto nivel de informalidad laboral; es decir, trabajadores independientes, en la mayoría de los casos no regulados; sin acceso a la seguridad social y muy vulnerables ante la parálisis económica y física que impone la pandemia de COVID-19, ya que la cercanía física para poder ofrecer sus servicios y la imposibilidad de ofrecerlos en la vía pública, los condenaba a la pobreza extrema.
Esta situación económica se agrava aún más, con el desplome del turismo, el intercambio comercial y la pérdida de las remesas. Según datos oficiales de la Organización Mundial del Turismo, al comparar el primer cuatrimestre del año 2020 con el 2019, por los efectos de la pandemia al turismo, “las llegadas de turistas internacionales han disminuido en un 35% en América del Sur, un 39% en el Caribe y un 35% en Centroamérica”, (OMT, 2020a).
Es más que evidente, el nivel de retroceso que hemos experimentado como región, en el anhelado trayecto de alcanzar una mayor justicia social y equidad; que se traduzcan en mejores condiciones de vida, humanismo, bien común y desarrollo local integral de nuestros pueblos.
Sin embargo, a pesar del entorno tan adverso que ha significado la pandemia sanitaria de la COVID-19; aún con la fricción económica histórica que impacta a Centroamérica, tenemos una oportunidad de capitalizar el bono demográfico joven y relanzar nuestra región a senderos de desarrollo, mayor cohesión social y crecimiento económico. Desde mi óptica, esa gran oportunidad se encuentra en la implementación de una agresiva inversión en la educación y el desarrollo del entorno local.
Sin lugar a duda, nuestra región tiene un alto número de jóvenes en edad productiva; sin embargo, muchos carecen de formación inicial o secundaria,3 lo cual limita en gran medida el acceso laboral y los condena a la informalidad o peor aún; los convierte en presa fácil de organizaciones delictivas, que terminan destruyendo cualquier esperanza de desarrollo integral y sostenible de la sociedad.
Una inversión educativa focalizada en la franja económica más baja de la sociedad4, donde la deserción escolar es la norma y abundan los hogares monoparentales de jóvenes adolescentes; fruto justamente de la ausencia de políticas públicas efectivas que eviten la reproducción de más pobreza, podría constituir el inicio del fin, de la gran brecha social que ha caracterizado a la región.
Un aspecto fundamental en la lucha por erradicar la desigualdad y promover una real cohesión social es el entorno local; es decir, el espacio público en el cual se desarrolla la vida dentro del barrio. Si analizamos las variables de espacios públicos, juventud y educación, desde la óptica del barrio, podemos apreciar que en la medida que existen menos espacios públicos adecuados en el entorno, la juventud es más propensa a delinquir, al aferrarse a la cultura de la calle y abandonar los estudios.
Desde nuestra óptica, mitigar esta realidad presente en los barrios de la región, que afecta de manera directa a la juventud y al sano desarrollo educativo; requiere de una voluntad política firme y decidida de los gobiernos centrales y locales. La mancomunidad de esfuerzos es vital, para erradicar el cáncer de la desigualdad que simboliza un entorno social hostil, que somete, atropella y condena al fracaso, al activo más importante de toda sociedad: su juventud.
Ahí es donde encontramos una gran brecha social, entre dos mundos muy distintos y desiguales, cuyas diferencias están bien marcadas y donde la función de la gestión local adquiere una importancia sustancial y una responsabilidad directa. La ocupación y orden de los barrios por parte de la gestión local constituye a nuestro modo de ver, una prioridad que podría marcar la diferencia entre una juventud violenta o una juventud en armonía y educada.
Por vía de consecuencia, podemos agregar que la utilización de métodos coercitivos nunca será más eficaz que la educación. Ya que el problema yace y se afianza aún más en una juventud que crece sin reglas ni orden y donde la utilización de la fuerza solo vendría a dar una solución parcial a un problema cuyas causas no han sido abordadas con determinación.
La gran ventaja que hoy podríamos tener al contar con un caudal de jóvenes en edad productiva; también constituye una gran presión para nuestros gobiernos: significa que la demanda laboral está en aumento, en momentos donde la tasa de desempleo está creciendo. La urgencia es vital para evitar que lo que hoy consideramos positivo, se traduzca en mayor pobreza, delincuencia y desigualdad social.
Lograr el éxito en las próximas dos décadas constituye una tarea titánica pero no imposible para nuestra región. Nos encontramos en una etapa crucial para reescribir nuestra historia y promover las acciones correctas que se traduzcan en desarrollo, equidad y justicia social para miles y miles de jóvenes latinoamericanos.
El gran reto está en promover la participación activa de nuestra generación, potenciar el activismo social y hacer valer nuestra visión regional; apostando siempre al fortalecimiento de la integración; el respeto a los derechos humanos; la libertad de expresión; la democracia y el humanismo como centro de las políticas públicas.
Si logramos promover el desarrollo local, priorizar en la educación y reducir la gran brecha social existente; sin lugar a duda que la región que viene será sinónimo de desarrollo, prosperidad y justicia social; por el contrario, si reproducimos los errores del pasado y no aplicamos políticas públicas efectivas tendremos más pobreza y desigualdad en nuestros pueblos.
El éxito de la región que viene depende directamente de la región de hoy; albergo la esperanza de que juntos podamos trillar el camino del éxito y construir una región más próspera, igualitaria, más segura y donde la integración de nuestros pueblos sea más fuerte.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ Organización Iberoamericana de Juventud / Fondo de Población de las Naciones Unidas (CEPAL/OIJ/UNFPA). (2012). Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ Organización Internacional del Trabajo (CEPAL/OIT). (2020). La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, No. 23 (LC/TS.2020/128).
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). Informe sobre Desarrollo Humano más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del Desarrollo Humano en el siglo XXI. hdr_2019_overview_-_spanish.pdf (undp.org)
Organización Mundial del Turismo (OMT). (2020a). “Las cifras de turistas internacionales podrían caer un 60-80% en 2020, informa la OMT” Comunicado de Prensa, 7 de mayo [En Línea] https: //www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020.
