Estudié Mercadotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el recinto Carlos Fonseca Amador (RUCFA). Mi época de estudiante universitaria fue difícil ya que, muchas veces, por falta de dinero tenía que irme a la universidad y regresar a mi casa caminando. Me tocó soportar algunas veces actitudes de discriminación por mis compañeros de clases y en algunos casos, por los docentes. Fue un periodo de mucho empeño y determinación porque quería obtener un título universitario que me abriera la oportunidad de trabajar en una empresa.
Pero las cosas no sucedían como yo lo imaginaba, una vez que obtuve mi título profesional vi como mi sueño se iba alejando para irse convirtiendo en algo inalcanzable porque las empresas no querían contratar a una mujer que en su título tenía un nombre masculino. En la búsqueda de trabajo siempre obtenía la misma respuesta: “Gracias, le vamos a llamar para notificarle” y esa llamada nunca se hacía realidad. En algunas oportunidades me dijeron “En caso de que sea seleccionado, tiene que cortarse el pelo y ser más varonil”. Esas expresiones eran hirientes y humillantes, me llevaban a sentimientos encontrados de vergüenza de mí misma y en algún momento a culpabilizarme por no ser la persona que nuestras sociedades esperan que seamos, pero a la vez, me daba valor; me armaba de coraje y me decía “jamás voy a dejar de ser la mujer que soy”.
Esta experiencia me dejó muchos aprendizajes para el futuro inmediato, cuando comencé mi activismo transgénero. Una de esas enseñanzas fue no perder la esperanza. Siempre he creído que algún día las personas transgéneras de mi país y de la región centroamericana podrán ir a solicitar trabajo a una empresa, sin necesidad de despojarse de su dignidad.
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En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha señalado que las personas transgéneras afrontamos diversos obstáculos para ejercer derechos: en el ámbito laboral, de la vivienda, al momento de adquirir obligaciones, gozar de prestaciones estatales, o cuando viajan al extranjero como consecuencia de la falta de reconocimiento legal de su género autopercibido1.
Mis 10 años de activismo me han llevado a afianzar mis razones y creer en mi lucha y en la lucha de mi colectivo transgénero. He vivido momentos de alegría y tristezas, por la pérdida de hermanas de lucha que nos han dejado, víctimas del estigma y la discriminación promovida e impuesta por la religión, el Estado y la sociedad.
Mi activismo también me ha llevado a sentir en carne propia ser sobre o superviviente de crimen de odio. En septiembre del 2018, cuando me encontraba sola en la oficina de la organización, me agredieron dos hombres y me apuñalaron tres veces (debajo de la tetilla, en la espalda al lado de un riñón y en el abdomen), me golpearon en el rostro con un ladrillo y me desprendieron 4 piezas dentales. Sostuvieron mi rostro sobre una bolsa de detergente y me estaba asfixiando. Me dejaron tendida y amarrada en la sala de la oficina y me robaron cosas personales que tenía en mi bolso y una portátil que era de la organización. Una compañera trans que vive cerca de la oficina pasó y vio la puerta abierta y las luces apagada, le pareció raro y entró; ella me encontró tendida en el piso amarrada y ensangrentada; gracias a ella me llevaron a emergencias.
Fue un hecho traumático, pasé varios meses convaleciente y temerosa, pero ese mismo temor y el apoyo de amigas y amigos, me dio el valor y me revitalizó. Decidí enfrentar mis temores y apropiarme mejor de mi dignidad como mujer y con el coraje para continuar con mi vocación en el activismo por demandar, promover y defender nuestros derechos como personas transgéneros en un país machista, transfóbico y con conflicto político social que han agudizado la confrontación y la violencia ciudadana.
En nuestra región, las personas transgéneros enfrentamos limitantes para el pleno goce de nuestros derechos humanos, particularmente a la identidad, la educación y el trabajo, pilares fundamentales para el desarrollo humano de una persona y, por ende, de un país. Esta negación de derechos nos lleva a vivir por debajo de la línea de la pobreza o en pobreza extrema, relegadas socialmente a la periferia y en condición de vulnerabilidad; como resultado de esta exclusión, nos vemos obligadas a buscar mecanismos de sobrevivencia, algunas sin otra opción más que el trabajo sexual que les expone a diferentes enfermedades de transmisión como el VIH, la COVID-19, siendo también víctimas de agresiones físicas, verbales y otros actos de violencia. Enfrentamos la incomprensión social respecto a la realidad que vivimos; el estigma y la discriminación no solo nos lleva a la pobreza sino también nos conduce a la vulnerabilidad psicosocial.
El contexto social, económico y político marca nuestro destino y de otros grupos en condición de vulnerabilidad. En la medida que nuestros países tengan un Estado de Derecho fuerte y sistemas de protección de derechos humanos con altos estándares, será posible superar los desafíos que enfrentamos (desempleo, criminalidad social, incremento en los costos de servicios básicos, persecución política, criminalización ante acciones cívicas y de demanda social etc.) y lograr nuestro pleno desarrollo.
La comunidad transgénero desconoce sus derechos y no hay espacios confiables para solicitar asesoría y acompañamiento. A este panorama se agrega la falta de personal informado y sensibilizado que entienda las dinámicas de la transgeneridad. En las instituciones predominan funcionarios fundamentalistas y oficiales de policías que abusan de su estatus; además, no se aplican los artículos que sancionan la discriminación (Código penal, Ley 641)1 como agravante, por parte de los administradores de justicia.
La ausencia de políticas públicas que garanticen la integridad y el reconocimiento de las personas transgéneros afianza más las brechas de desigualdad; negando así oportunidades de acceso a la educación, a la salud, a trabajos formales, a viviendas dignas, a créditos y a la visibilización en los programas sociales estatales, municipales. Además, enfrentan retardos o negación al acceso de la justicia en casos de ser sobrevivientes de actos de agresiones a nivel privado y estatal, víctimas de humillaciones pública en las diversas instancias al ser llamadas por su nombre legal, omitiendo llamarlas por su nombre social, el que asumen desde muy temprana edad.
Desde la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT), como activista y defensora de derechos humanos de nuestra comunidad, consideramos que debemos ir en paralelo de nuestras demandas por la igualdad e incluso social, con procesos de empoderamientos a nivel individual y colectivo, para adquirir conciencia de nuestras vulnerabilidades impuestas por el Estado y la sociedad, al negarnos nuestros derechos como ciudadanos.
Otro de los retos que tenemos dentro de la organización es el de sensibilizarnos y certificar nuestros conocimientos, retomando nuestros estudios primarios, secundarios, universitarios y técnicos y otros cursos que nos den valor agregado y consoliden nuestros conocimientos. Algunas compañeras lo ven como un esfuerzo que no vale la pena, porque el Estado y la sociedad no nos dan la oportunidad de participar en selecciones de cargos, selección que se base en la capacidad y las habilidades de las personas y no por la expresión o identidad de género de la persona que solicita empleo.
En nuestra Nicaragua, como muchos grupos de promoción de Derechos Humanos lo han hecho en sus respectivos países, hemos venido demandando el reconocimiento igualitario de nuestra comunidad LGBTI+, solicitando inclusión real en diversos espacios políticos, sociales, acceso a la educación con calidad y sin discriminación, pero también estamos realizando procesos de capacitación a nuestra comunidad trans para que, desde sus propias voces, puedan también demandar a nivel local y nacional el derecho a vivir sin violencia y en una sociedad democrática más justa e igualitaria.
La igualdad y equidad de género, así como la inclusión social, solo serán posibles, si y solo si, los Estados y la sociedad reconozcan que, al hablar de género, la equidad de género e igualdad de género, no solamente se hace referencia al binomio hombres y mujeres cisgéneros, estos términos también incluyen a las personas transgéneros (hombres y mujeres) quienes también tenemos derechos a ser reconocidos como ciudadanos desde la transgresividad de nuestros cuerpos.
La identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas; en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.2
El reconocimiento de nuestra identidad de género haría de nuestra sociedad más justa e inclusiva, en donde la educación con calidad y sin discriminación juegue un papel fundamental para el desarrollo personal, social y comunitario que nos lleve a una sociedad más democrática. Una sociedad en la que los y las jóvenes, más allá de su identidad cultural, étnica, orientación sexual y/o identidad de género, tengan un rol principal en el desarrollo integral de nuestra nación.
Las mujeres transgéneros de nuestra región centroamericana hemos venido enfrentando tres epidemias que nos atacan y nos matan, una de ella la sufrimos desde hace muchos años; me refiero al estigma y a la discriminación que nos conducen a un estado de vulnerabilidad social, política y sanitaria. La segunda epidemia es la del VIH, que en nuestro país es una epidemia concentrada en trabajadoras sexuales, hombres gay y mujeres transgéneros; estas últimas tienen la mayor tasa de prevalencia del VIH. La tercera es la actual pandemia de la COVID-19, que ha venido a evidenciar las brechas de la desigualdad social y de género.
Todas las personas están pasando por situaciones difíciles, pero su mayor impacto se ha visto en los grupos que son víctimas de las desigualdades sociales y económicas. En nuestro caso, no contamos con recursos y debemos buscar la manera de subsistir a pesar de los riesgos que podemos tener ante la COVID-19.
Ante esta situación, las personas transgéneros somos supervivientes de estas pandemias, es por eso que estamos en la lucha por la desconstrucción de un sistema de desigualdad social y de género en nuestro país, así como en la región centroamericana para ser partícipes de esta construcción y se nos reconozca a cada persona como sujeta de derechos. Es decir, que es necesario que el Estado y la sociedad reivindiquen, reconozcan y respeten nuestros derechos humanos desde la transgresividad de los cuerpos. Esta reivindicación se sustenta en políticas púbicas que nos lleven a la igualdad real de derechos ciudadanos, donde tengamos oportunidades de participación en todos los ámbitos que permitan los desarrollos individuales y sociales para la construcción de país y de la región.
Nota final:
