La región centroamericana suspira de cuando en cuando y vuelve a ver hacia atrás, hacia sus orígenes, cuando era una sola nación. Ahora, con cinco países independientes, bastante distintos y con distintos ritmos de desarrollo, más la incorporación de tres más al proceso, el sueño de funcionar como uno sigue latente. Con casi 61 millones de habitantes según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay claridad de que somos más visibles si nos unimos.
¿Será la región que viene, una región integrada? ¿Nuestros jóvenes, futuros gobernantes y funcionarios, serán capaces de superar los obstáculos que durante décadas se han interpuesto entre los pueblos centroamericanos y este sueño integracionista? ¿Finalmente nos presentaremos al mundo como un bloque, en el que si bien los pueblos mantengan su autonomía se compartan objetivos, acciones y beneficios?
Seamos más ambiciosos aún: ¿Podrá la Centroamérica que estamos construyendo llegar a articular políticas públicas con una visión regional y un enfoque de desarrollo basado en la justicia y la equidad, con el concurso de todos los países?
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Y finalmente, ¿podrá encausarse de forma conjunta una región más próspera, en la que el ingreso no solo mejore en monto sino en distribución? ¿Podremos dejar atrás, trabajando juntos, los problemas estructurales económicos, fiscales, sociales y de exclusión que nos han mantenido rezagados en relación con otras regiones?
Como periodista especializada en el área económica y con más de 10 años de escribir sobre acuerdos comerciales y políticas públicas, soy una convencida de que este es nuestro camino y nuestro futuro: dejar atrás las diferencias y encaminarnos en un proyecto común regional. He podido ver cómo las agendas poco a poco van avanzando y se han traducido en pequeños logros para nuestros países y nuestras poblaciones.
Para acercarnos a una visión de la integración en el futuro, es importante ver de dónde venimos y dónde estamos en estos momentos. La integración ha estado en la agenda política durante décadas. Nuestros pueblos, con raíces comunes, problemas similares y condiciones geográficas, sociales y culturales que nos unen irremediablemente, han dado sus propios pasos hacia lo que me gusta denominar una integración de facto: en muchos aspectos, ya funcionamos sin que las fronteras sean un obstáculo.
Si bien los intentos integracionistas no han tenido aún éxito y los avances en planos como el comercial asemejan más a las idas y vueltas de una montaña rusa, el camino pendiente es relativamente corto: un 95.7% del universo arancelario está armonizado, según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) pero lo que falta implica que se toquen productos sensibles, como el café, el azúcar y el alcohol.
Los gobiernos de la región que han desfilado durante las últimas décadas parecen tener claro que Centroamérica pesa más como un todo que por separado. Quizá por ello se adoptó con entusiasmo el reto de negociar y firmar un Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, proceso que arrancó en 2006.
El AdA implicaba tomar acuerdos en tres pilares: cooperación, diálogo político, y comercio. En la primera parte, básicamente se ordenaría bajo un mismo instrumento toda la ayuda que los países europeos ya canalizaban hacia el istmo. En la segunda, a Europa le atraía la idea de una Centroamérica aliada en la que, además, se pudiera replicar el modelo comunitario europeo.
Fue la parte comercial la que más costó negociar, sobre todo por una condición: se le requería a Centroamérica garantizar que funcionarían como un territorio aduanal común, al igual que la Unión Europea. Un empresario centroamericano tenía certeza de que, al ingresar a cualquier aduana europea, sus productos podrían moverse por el resto de la UE como si se tratara del mismo país.
El objetivo se logró a medias y la Unión Aduanera aún no se completa, algo que se traduce en aumentos de costos tanto para las empresas como para los gobiernos y las poblaciones. Pese a que el inicio del S. XXI implicó que Centroamérica le apostara a la apertura comercial, con tratados como el AdA y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-DR) persisten las barreras no arancelarias.
Los países centroamericanos han negociado también acuerdos por separado y la mayoría redujo de forma unilateral sus aranceles. Para 2018, la Comisión Económica para Centroamérica y el Caribe (CEPAL) daba cuenta de que la región aplicaba un arancel promedio del 2% a las importaciones.
¿Es fácil, entonces, comerciar dentro de la región, como si fuéramos un solo territorio aduanero? No. Los obstáculos van desde problemas como una infraestructura vial deficiente, que hace costoso y lento el transportar la mercadería de un país a otro, hasta trabas burocráticas como el exceso de formularios y papeleos y, por supuesto, la exigencia de registros sanitarios que muchas veces se usan como herramientas de proteccionismo.
En pleno S. XXI y en el auge de la digitalización e innovación, Centroamérica se sigue bloqueando el paso entre sí porque falta un documento impreso, una firma, o por un requerimiento de empaque que no fue notificado a tiempo. Este tipo de barreras no arancelarias son uno de los principales retos para la integración centroamericana.
En el plano político, los gobiernos tienen una herramienta: la Hoja de Ruta de la Unión Aduanera 2015-2024. En la práctica, hay inversiones que buscan fortalecer la conectividad regional, y existe además una Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio. La CEPAL, que ha acompañado este proceso, señala que existe un costo adicional promedio para los productos que se comercian entre los países de la región que equivale a un arancel del 24% sobre su valor.
En otras palabras, las trabas al comercio intrarregional nos están costando dinero. Las empresas centroamericanas bien podrían estar invirtiendo, con efectos multiplicadores como el crecimiento del aparato productivo y la generación de empleo, el dinero que deben destinar a estos costos adicionales por las barreras no arancelarias y los problemas de conectividad vial.
Actualmente no existe una Unión Aduanera Regional, pero Honduras y Guatemala avanzaron en la conformación de un territorio aduanero integrado, que abarca 221,000 kilómetros cuadrados, con lo que los trámites aduaneros se redujeron de 10 horas a 15 minutos para el 80% de la carga. A este proceso se ha incorporado también El Salvador en sus etapas más básicas desde el año 2018.
Si bien la facilitación del comercio, es decir, la mejora de los procesos de gestión de fronteras para agilizar y facilitar las operaciones de importación y exportación, implican una reducción del costo del comercio, es solo uno de los enfoques de la integración regional. La institucionalidad que rige la integración es el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
A través del SICA, se trabaja una agenda de integración con cinco pilares: seguridad democrática, cambio climático y gestión integral del riesgo, integración social, fortalecimiento institucional y, por supuesto, de lo que hemos hablado al inicio de este artículo, la integración económica.
Nótese que estos pilares atacan precisamente lo que engloba las necesidades más apremiantes de la región. En lo que respecta a seguridad democrática, hasta hace muy poco el denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) se consideraba una de las regiones más violentas del mundo, donde se conjugan tanto la criminalidad común y organizada, con problemas de violación de derechos humanos por parte de instituciones oficiales.
A la fecha los esfuerzos se han enfocado en temas como el combate al crimen organizado, en el que se incluye ya el accionar de las pandillas, y también los enfoques de género. Aunque los niveles de criminalidad se han reducido, y países como El Salvador reportan una importante disminución en las cifras de homicidios, la violencia y la inseguridad siguen siendo problemas que requieren atención prioritaria en la mayoría de países, sobre todo en el Triángulo Norte.
Centroamérica es, además, y a propósito del segundo pilar de la integración, una de las regiones del mundo más susceptibles al cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha llamado la atención en reiteradas ocasiones sobre el enorme riesgo de hambruna en el que se encuentra la población del denominado Corredor Seco centroamericano, donde la población vive en inseguridad alimentaria y en pobreza extrema.
Y mientras la sequía y el aumento de la temperatura significan una reducción en el agua disponible y en la superficie apta para los cultivos, el cambio climático también ha vuelto a los países centroamericanos puntos de impacto de tormentas tropicales y huracanes, como ya se vio en 2020: a finales de año, al menos tres de estos fenómenos impactaron directamente al norte de la región, dejando centenares de muertos, miles de damnificados y pérdidas materiales millonarias.
Los esfuerzos regionales en este punto se han centrado en buscar generar resiliencia, condiciones para evitar que la alternancia entre las sequías y las lluvias siga cobrando vidas y deteriore aún más las condiciones en las que subsiste, sobre todo, la población más vulnerable en términos económicos y sociales. La región que viene tiene el enorme reto de adaptarse al cambio climático y proteger a sus poblaciones ante los embates de la naturaleza.
El tercer pilar de la integración incluye planes de acción coordinados contra la pobreza, con el objetivo de mejorar la calidad y cobertura de la protección social, y promover la inclusión productiva. La pobreza es uno de los males estructurales en nuestros países, y para mediados de 2020 la CEPAL calculaba que en Nicaragua el 22.8% de la población estaría en esta condición, con un 22.7% en Guatemala, un 11.9% en El Salador, el 22.2% en Honduras, 22.7% en Guatemala, 8.5 % en Panamá y 5.1% en Costa Rica.
El mero impacto de la pandemia del COVID-19 significó un aumento de la población que vive en condiciones de pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que unas 2.8 millones de personas caerán en pobreza en Centroamérica y República Dominicana, debido a la pandemia, un incremento promedio del 6%.
La pobreza tiene causas múltiples, y también consecuencias diversas que luego perpetúan el ciclo de miseria. Es por demás sabido que es una de las razones por las que la población decide migrar. Con el recrudecimiento de la pobreza a raíz de la pandemia, la pérdida de empleos por la crisis económica que esta supuso, y el aumento de los hechos de criminalidad y violencia relacionadas con la misma, también ha aumentado el éxodo de centroamericanos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó en marzo de 2021 que está deteniendo a unos 5,000 indocumentados cada día en la frontera con México. En promedio, 500 de ellos son niños sin acompañantes. Hasta marzo pasado, más de 11,000 niños no acompañados permanecían bajo la custodia de una oficina de refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, entidad que administra un sistema de albergues del Gobierno estadounidense.
Entidades como el BID han llamado a apostarle a la inversión social como primer paso para superar estos problemas. Sin embargo, el gasto en educación y salud de Centroamérica y República Dominicana fue del 8%, en comparación con el 9.5% de América Latina y el 12% en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), apuntó la entidad en un informe publicado recientemente.
Los retos económicos, sociales, ambientales, de migración y de seguridad de la región pueden abordarse de manera conjunta, y es lo que se está intentando a través del SICA. De hecho, el quinto pilar de la integración centroamericana en la agenda del organismo es el fortalecimiento institucional: mejorar el marco jurídico, fortalecer la capacidad técnica y operativa, y apoyar el proceso de integración regional.
Los avances logrados bajo este esquema de trabajo han sido graduales, diversos y constantes, materializados en pequeños pasos que están sentando las bases para desarrollar, más adelante, agendas más ambiciosas. Se ha demostrado, por ejemplo, la importancia de acuerdos para la negociación de compra de insumos médicos y fármacos para los sistemas públicos, en una dinámica de economía de escala que permitiría obtener mejores precios, aportando tanto a mejorar la eficiencia del gasto público como la disponibilidad de medicinas para los países.
Desde 2006, los países de Centroamérica y República Dominicana establecieron un mecanismo regional de negociación conjunta para mejorar el acceso a medicamentos. Han negociado con las farmacéuticas con este mecanismo regional, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA).
La primera negociación conjunta se hizo en 2010, y participaron en esa ocasión Costa Rica y El Salvador. A partir de allí se fueron integrando el resto de los países, para adquirir de forma conjunta los medicamentos y lograr costos menores. Quizá en la región que viene nos sentemos en bloque para lograr condiciones más favorables en otras compras y contrataciones, y estos sean procedimientos expeditos entendidos como la regla, y no una excepción.
Las administraciones futuras, los gobiernos que serán encabezados por los jóvenes que ahora espero lean estas líneas tienen el enorme compromiso de no desandar el camino. No es necesario ya que se invente la rueda, hay medio siglo de trabajo y experiencia que se debe capitalizar y continuar. La generación que viene definirá sus propias prioridades, pero los temas centrales, como la seguridad regional, la lucha contra la pobreza, la adaptación al cambio climático, y el progreso económico y social se mantendrán.
La integración debe tener, además, como eje transversal, el desarrollo humano. Se trata de un círculo virtuoso en el que el planteamiento de políticas públicas inclusivas nos permitirá visualizar mejor el tipo de región que queremos construir, y la aplicación de las mismas será la vía para conseguirlo.
Sueño con una región con metas comunes de inversión social, con porcentajes de inversión pública destinados a educación y a salud según los parámetros del primer mundo. La región que viene acordará políticas de inclusión, de diversidad, de respeto a los derechos humanos.
En los próximos 20 años no se perderá de vista tampoco el compromiso por un desarrollo sostenible, en el que la generación de prosperidad deje atrás el individualismo y la acumulación descontrolada, y no requiera la depredación indiscriminada de nuestros recursos naturales.
La región que construiremos cambiará el tratamiento punitivo de la violencia y la criminalidad, por uno de prevención, de generación de bienestar y de provisión de servicios básicos a la población más vulnerable, mientras se esfuerza por crear ambientes de generación de oportunidades que cortarán de una vez por todas el caldo de cultivo que han tenido las organizaciones criminales de todo tipo en las comunidades más empobrecidas.
La región que viene estará integrada no solo en lo económico, político y social, sino en un compromiso común, en un nuevo contrato social que establecerá parámetros, límites y objetivos que permanecerán en el tiempo y no variarán según resultados electorales o cambios de administración, sino más bien serán ampliados y mejorados a través del tiempo con nuevos acuerdos sociales. Construyamos, juntos, esa región.
