Profesionalmente he capitalizado experiencias en los diferentes cargos directivos que he desempeñado; segura de la responsabilidad que me han conferido. En la praxis me apego a valores y principios. He sido enfática a una vocación que nace del corazón y al deber de servidora pública con una coherencia de pensamiento para adherirme con solidaridad, humanismo y respeto a la vida y al bien común, justo en el momento en que se dan los episodios que demandan apoyo y convivencia comunitaria.
Un firme liderazgo capaz de identificar las fortalezas y debilidades en el entorno; encauza el trabajo conjunto de motivación, lo que transmite al colectivo la práctica concreta en donde los protagonistas son todas las personas que integran la comunidad o el barrio, impulsando modelos complementarios constructivos en un escenario de inclusión de todas las corrientes del tejido poblacional de la región.
El transitar hacia el futuro, para niños, adolescentes y jóvenes, que en secuencia incursionan la vivencia renovada en la sociedad y tendrán que cargar herencias dejadas y el desafío de luchar contra el contexto marcado de su época. Esto hace que voluntades y motivaciones en vigencia vislumbren con responsabilidad un desarrollo real desprendido de muestras propias y mejores experiencias que a gesto de resumen intento delinear modestamente desde el sentir de ciudadana de mi hermoso territorio de lagos y volcanes.
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Nicaragua aplica marco jurídico que norma, ordena y organiza las acciones que aseguran el derecho de la población a la protección ante fenómenos naturales, así como la ejecución de políticas públicas en beneficio de la comunidad, hago referencia a la ley 337 denominada Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). Institución que activa la base social y da solidez a un modelo organizativo cuyos ejes de acción son la persona, la familia y la comunidad, transmitiendo de manera conjunta y organizada principios de humanismo y hermandad que afianzan acciones de autoseguridad, prevención y previsión. Estos esfuerzos tienen como objetivo el desarrollo de una población empoderada en temas de prevención de desastres.
El país además desarrolla la “Política Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres” que ejecuta planes contingentes adaptados a la realidad nacional, en los que se prioriza la educación y promoción de cultura preventiva en todo el ámbito nacional, asume el objetivo primordial de la preservación y protección de la vida de los nicaragüenses. La estrategia política radica en la transferencia de capacidades al tejido social con inversiones específicas en capital humano.
Los planes combinan el enfoque científico-técnico en la perspectiva de desarrollo comunitario, se utilizan metodologías de la educación, informal y formal, a través de un “proceso de formación en cascada” enfocada en el perfeccionamiento de habilidades, apropiando a cada ciudadano, familia y comunidad, a nivel local, municipal, departamental y nacional.
Lo que promueve protagonismo, participación ciudadana y la organización local en cada territorio de ejecución; práctica de planes familiares y comunitarios que permiten atender con mayor calidad las emergencias en el país, pues es la comunidad misma, con el acompañamiento de instituciones para servicio comunitario tales como Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo Unificado de Bomberos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la principal protagonista por su propio bienestar.
Es imperante recalcar que a través de este empoderamiento he logrado observar el cambio en jóvenes de procedencia urbana, a través de programas de capacitación, cuyos resultados han sido la puesta en práctica de planes de respuesta a nivel local, lo cual transmite y asegura la suma de jóvenes conscientes de su papel.
La población, mediante la actualización del conocimiento y el desarrollo de los ejercicios nacionales de preparación para la protección a la vida en donde hay una participación de todos los sectores (públicos y privados), los ejes que han contribuido a ejercer la participación efectiva, son las prácticas de inclusión, género, relevo generacional y el modelo de persona, familia y comunidad.
Se promueve la participación activa de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y personas con discapacidad para que puedan ser parte de un proceso de desarrollo cultural y de transmisión colectiva de capacitación. Estas experiencias son transferencia de capacidades en el manejo de emergencias, las cuales incluyen planes de respuesta local, comunitario familiar, preparación de brigadas de formación integral con capacidad para aplicar primeros auxilios psicológicos, físicos y brigadas contraincendios.
Recuerdo que hace unos 15 años la participación de las mujeres era nula y limitada. Actualmente, la perspectiva de género en cada uno de los espacios de participación es un hito ya que mujeres y hombres ejercen sus derechos, tomando en cuenta las necesidades, potencialidades y situaciones que nos ubican como personas vulnerables; además, se tiene presente los roles sociales y culturales ejercidos y asumidos como realidades desde cada espacio en los que nos desarrollamos.
Este subconjunto está estrechamente relacionado con percepciones, vulnerabilidades y respuestas ante el riesgo. Gracias a los ejercicios trimestrales de preparación a la ciudadanía ante situaciones de emergencias se ha podido demostrar que las personas tienen la iniciativa de evacuar sin ninguna orden y de esta manera, se convierten en los principales previsores y transmiten, con su ejemplo, a sus familias la importancia de proteger la vida en situaciones de emergencia. Es importante resaltar que los planes de respuesta escolares y la formación de las brigadas constituyen un pilar fundamental en todo el proceso de formación de conciencia a las nuevas generaciones previsoras.
Enfrentamos varios desafíos en donde aún debemos continuar preparándonos como ciudadanos, lo cual conlleva al aprovechamiento de todos los sectores sociales, potencializando las capacidades técnicas, tecnológicas bajo un enfoque educativo que maximice esfuerzos desde las edades escolares hasta la educación universitaria con enfoque de prevención de riesgos de desastres y es aquí en donde el papel de la juventud juega un papel importante en la consecución de estas metas a corto y a largo plazo. No se puede decir que partimos de cero en nuestras acciones, pero también sabemos que nos hace falta dar continuidad a nuestra preparación como país y región.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su publicación Desarrollo Social Inclusivo: Una nueva generación de políticas para superar la pobreza (Delgadillo, 2010), aprovechar el bono demográfico es una tarea complicada porque requiere una inversión sostenida en capital humano, que conllevaría a una inversión en crecimiento económico y para emplear mejor los objetivos de las políticas públicas se deben aplicar herramientas como la distribución territorial para la planificación del desarrollo.
En este contexto, en Nicaragua el panorama acerca de la transición demográfica se acelera y se proyecta hasta el año 2035, en el que comenzará la declinación de la población joven y dará inicio la aceleración del proceso de envejecimiento. De manera general, el bono demográfico y su aprovechamiento o desaprovechamiento poseen impactos en las generaciones actuales, y las venideras deberán estar mejor preparadas a fin de fortalecer el capital humano.
A su vez, se requiere una cultura que permita en primera instancia ser capaz de transmitir valores desde la práctica, seguido de un sinnúmero de potencialidades ligadas al tema educativo que conlleve y haga consciencia en cada ciudadano de aportar en cada uno de los espacios en los cuales se desarrolla. Hablar de una gestión de riesgos es hablar de un enfoque integrado, teniendo como eje principal el desarrollo de una sociedad sana física y mentalmente, capaz de mediar con el riesgo y la amenaza; personas conscientes en el diario vivir. Convivimos en países multiamenazas y aprender a vivir con el riesgo nos transforma y nos convierte en personas resilientes.
El país se capacita en reducción de riesgo de desastres para profundizar los cambios que se requieren en la cultura de prevención y previsión en la sociedad. Citando algunos ejemplos de los avances, es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria ante los desastres, el actualizar el sistema de respuesta institucional; participación consciente, preparada y organizada de las personas, las familias, en las comunidades para la prevención, mitigación y atención a los desastres; el consenso y alianza permanentes entre comunidades, gobiernos locales e instituciones gubernamentales; la actuación de las instituciones del Estado en el monitoreo, atención y la respuesta a las situaciones de emergencia e integrar al trabajo grupos vulnerables ha permitido prever situaciones lamentables.
Continuar preparando a las instituciones y comunidades es de trascendental importancia, así como crear alternativas de capacitación que faciliten la transmisión del conocimiento, de manera atractiva y acorde al lenguaje de las comunidades, con un modelo por competencias, tanto en los espacios de educación formal como no formal, así como lo hace el Instituto Nacional de Preparación Ante Emergencia (INPAE).
Veo en el futuro al istmo centroamericano compartiendo capital social, intercambiando conocimientos, experiencias y articulado acciones en el trabajo colectivo. Un ejemplo precedente de esto fue el Primer Simulacro Regional de Asistencia Humanitaria “Centroamérica Unidad Salvando Vidas”, con la presencia de representantes del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y República Dominicana, realizado en noviembre de 2019.
La mirada a la Región que Viene es hacia una Centroamérica unida en donde cada persona ponga en alto el orgullo de ser pueblos trabajadores, esforzados y conscientes de su propio desarrollo, con programas educativos que permitan aportar un granito de arena y que la política de gestión de riesgo, a nivel de la región, esté alineada a cada una de las realidades individuales de cada nación.
Visualizo a países con capacidades instaladas para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de amenazas de forma oportuna, eficaz, con capacidad de gestión de actores nacionales y locales.
El fomento del protagonismo de la organización comunitaria y el desarrollo de nuevas prácticas son las fuerzas capaces de llevar a cabo un modelo de liderazgo, trabajo en equipo con compromiso, calidad humana e inclusión, premisas necesarias para la integración de los países hermanos del istmo centroamericano y el Caribe.
Se torna interesante la realización de un estudio que corrobore la participación efectiva de las mujeres a nivel de la región. En Nicaragua, más del 50% de la población está representado por mujeres y juventud lo cual ha sido muy relevante y ha contribuido en la participación y organización de la comunidad. A su vez, es importante promover la inversión en temas de educación para la promoción del desarrollo de competencias en distintos espacios; educativos, sociales, políticos, culturales.
Los espacios de participación ciudadana son amparados por algunos instrumentos legales tales como la Ley 648: Ley de Igualdad y Oportunidades que tiene por objetivo promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres con políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real entre hombres y mujeres.
Es necesario elaborar programas emblemáticos basados en educación integral a nivel regional que permitan la realización de intercambios técnicos, educativos institucionalizados, integrando componentes tecnológicos, acompañado todo este proceso con la formación de valores humanos y éticos que nos permitan avanzar a pasos firmes, para contar con una región de mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo integral de cada nación contribuyendo a fines comunes.
Un esfuerzo que debe ir acompañado con la articulación de acciones de carácter interdisciplinario, multisectorial entre países para facilitar modelos y adaptarlos a la dinámica de cada país, anteponiendo el interés general frente a cada uno de los países miembros del istmo centroamericano y República Dominicana.
Como parte del proceso de recuperación postpandemia, nos enfrentamos a nuevos retos y oportunidades, para la realización de alianzas con diversos sectores claves que faciliten los mecanismos para una respuesta eficaz. Dichos mecanismos de rehabilitación no deben surgir de forma exclusiva a nivel institucional, sino también desde las aulas de la educación inicial, técnica y profesional. Esto además contribuye al desarrollo de temas de investigación para la creación de estrategias nacionales y regionales que nos permitan visionar niveles de impacto en la población.
Otra acción clave es el trabajo sostenido con grupos de jóvenes a nivel de la región como relevo generacional, con una visión amplia y transformadora que aglomere a la juventud, y construir un liderazgo comprometido e integrador que potencie el tema educativo y que participe en jornadas científicas. Abrir líneas de investigación e intercambio científico técnico entre profesionales de los diferentes países de la región, para la elaboración de programas y proyectos que faciliten oportunidades de desarrollo y creación de nuevas fuentes de empleo.
Es oportuno establecer convenios de colaboración marco entre los países de la región, para el fortalecimiento de conocimientos en temas ligados a la Gestión de Riesgo desde un sentido amplio, para beneficio de los países centroamericanos y el Caribe.
Considero que juntas y juntos podemos construir modelos de liderazgos sólidos en coherencia con nuestras motivaciones articulando procesos del pensamiento. Los sueños deben ser perseguidos, no importa cuántas veces nos equivoquemos, todos los aciertos y desaciertos son oportunidades para aprender y emprender.
Referencias:
Decreto ejecutivo N°. 78-2002, Aprobado el 19 de febrero del 2002 de normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial en Nicaragua.
Ley 337 creadora del Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención a Desastres decreto 98-2000 art.7 administraciones municipales.
Sistema Nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres (SINAPRED). (2009). Guía del funcionamiento de los Comités Municipales para la prevención, mitigación y atención de desastres COMUPRED.
