Recuerdo muy bien ese lugar, una habitación pequeña y oscura, con bancas de madera en un ambiente inundado de energías, que albergaba un significado en cada una de sus paredes, que lo primero que trasmitía era un profundo dolor. Entré con respeto, una vez cruzabas el umbral era como si el alma y el cuerpo se conectaban y se podía percibir a través de las imágenes lo que seguramente sintieron las personas al pintar y representar la tragedia sucedida en la aldea. Una de las ilustraciones que no logré borrar con los años fue la de una leyenda que decía «Rogamos a Dios y exigimos a las autoridades que se aplique la justicia contra los altos mandos del ejército de Guatemala y los involucrados de Rabinal en la masacre de nuestra comunidad» (Rodríguez, J., 2007, como se cita en Salamanca, C., 2015).
«Plan de Sánchez, nunca más este salvajismo», esta frase se encuentra junto a otras figuras de gente asesinada, casas quemadas, soldados disparando, personas indígenas huyendo, gritando y corriendo con sangre por los disparos que recibieron. En otra de las paredes había una lista de nombres de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de la masacre. Leí cada nombre, uno por uno y al invocarlos en mi mente era una muestra simbólica para honrarlos. En ese momento tuvo mucho sentido que unas semanas antes, como parte de mi trabajo secretarial, ayudé a hacer las actas del pago de resarcimiento a las familias de las víctimas y el apellido «Jerónimo» figuraba en muchas personas; y mientras leía solo pensaba ¿por qué a esa comunidad?, ¿por qué tanto odio? Y la pregunta quizá más obvia: ¿por qué el Estado de Guatemala había provocado tanta violencia y dolor?
Ese día lloré. Estuvimos todo el día en la capilla recibiendo a las familias, cada una de ellas se sentaban en escritorios que improvisamos y lloraban escuchando lo que aquellas actas decían, recordando los hechos atroces, y cuánto extrañaban a sus familiares. Frases como: «el dinero no me va devolver a mi padre» fueron tan devastadoras para mí. Me sentí tan impotente, enojada y con mucho coraje; algo dentro de mí sabía que aquellas personas habían sido asesinadas siendo inocentes.
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La justicia representa una de las medidas de reparación más significativas para la resiliencia de las personas y las comunidades. Muchos porqués marcaron ese momento importante de mi vida. Poco después me enteré que el lugar, donde con mis compañeras y compañeros hicimos el pago de resarcimiento como parte de la sentencia de la masacre, se trataba de la Capilla de la memoria, una iglesia en donde se encuentran los restos de las 268 víctimas masacradas por el ejército de la Aldea Plan de Sánchez, en Rabinal, municipio del departamento de Baja Verapaz, una comunidad maya indígena Achí, y todas sus paredes contienen murales que narran lo ocurrido ese julio de 1982 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2004).
Así como este hecho, existen registros de otros, acontecidos en la década de 1980 durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala y forman parte de la memoria de una de las épocas más oscuras y trágicas en la historia del país. De acuerdo con el informe presentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en este período se registran más de 200 mil víctimas de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas (CEH, 2002. p. 42-52). En su mayoría, estos actos fueron cometidos contra personas de áreas rurales y comunidades indígenas. Problemáticas históricas y estructurales como la desigualdad, el racismo, la discriminación y el patriarcado llevaron a que se cometieran actos brutales, incluso de genocidio en contra de poblaciones específicas.
A los 18 años empecé mi vida laboral en la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), institución que el actual gobierno desapareció a pesar de que fue uno de los logros institucionales para la observancia y cumplimiento de derechos derivado de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Era una joven que lo único que quería, como muchos jóvenes, era trabajar para poder seguir estudiando en la universidad y apoyar a mis padres.
Muchos años después, entendí que esas experiencias que viví en la institución marcaron mi vida y una de las más relevantes fue conocer la historia de mi país desde la experiencia de familiares de las víctimas, que en la escuela nunca me enseñaron. Al igual que en muchos países de Centroamérica, en la educación pública omiten contarte sobre la verdadera historia y esto no te permite construir un discurso a partir de comprender los conflictos sociales que son efecto de los problemas estructurales de nuestros países.
Hablar de gobernabilidad democrática es muy complejo porque las definiciones son diversas; sin embargo, en una forma más pragmática, la identifico como la relación que debería de construirse entre el Estado-sociedad. Esta conlleva una serie de elementos como el respeto al Estado de derecho, la garantía, goce y ejercicio de los derechos humanos, y la capacidad del Estado para resolver sus conflictos; por eso he empezado contando mi experiencia personal frente a las consecuencias de la guerra en nuestro país.
Garantizar los Derechos Humanos desde la revolución francesa se ha convertido en una lucha constante para todos los países y, también, es un preámbulo para poder cuestionar a los gobiernos, su incapacidad y niveles de respuesta a las demandas de los ciudadanos. Leer en muchos textos acerca de las masacres y lo que formó parte del genocidio en nuestro país son elementos para comprender por qué en Guatemala y en la región es mucho más complejo hablar de gobernabilidad democrática, cuando entiendes a través de los hechos que en nuestros países el principal violador de derechos es el Estado.
Existen pilares fundamentales para identificar la gobernabilidad en un país, el primero es la legitimidad. En Centroamérica, la confianza que tienen los ciudadanos en los gobiernos cada vez es menor y existe una pérdida de credibilidad en los sistemas de partidos políticos, cuestionando la efectividad de las instituciones debido a que cada cuatro años la población se ve frente a decisiones electorales poco atractivas y con personajes de cuestionada honorabilidad.
El patrimonialismo está tan enraizado en los políticos, pues utilizan los recursos públicos para el ejercicio del poder, olvidándose de que el principal objetivo en el ejercicio de la función pública debería ser el bien común y la respuesta efectiva a las necesidades de la población.
En Guatemala se han elegido «democráticamente» a los gobiernos desde 1985; sin embargo, la legitimidad de los presidentes electos se mide no solo en función del resultado de la elección democrática sino también en base al número de votantes que le respaldan; por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales de mi país, el candidato ganador obtuvo su victoria en segunda vuelta con cerca de dos millones de votos, es decir menos del 15% de la población total; la victoria es factual pero la cantidad de sufragios a su favor anticipaban el nivel de respaldo popular con el que gobernaría.
El segundo es la efectividad. Luego de las propuestas de reformas al Estado a nivel de América Latina a finales del siglo XX, se habla sobre la eficiencia y la eficacia que están intrínsicamente vinculadas a los niveles de reformas estructurales que un Estado puede plantear, entre ellas reformas constitucionales, que requieren mayores consensos con la población; por lo tanto, altos niveles de participación y vinculación de la ciudadanía en las decisiones. Reformas administrativas, cambios en el aparato de la administración pública evidenciados en procedimientos, recursos humanos y la relación con las y los ciudadanos a través de la calidad de los servicios públicos y sus niveles de satisfacción. Por último, reformas políticas que también buscan mejorar la relación del Estado-sociedad.
Uno de los ejemplos más significativos a nivel político y económico en Guatemala fue la firma de los Acuerdos de Paz, que constituyó uno de los grandes consensos como país e involucró a varios sectores de la población, representando un hito importante en la búsqueda de paz y la construcción de un Estado democrático derivado del conflicto armado interno. Para Guatemala y la región, los cambios políticos y económicos, han sido complejos debido a la captura del Estado por parte de las élites del sector privado, quienes se han insertado en las estructuras influyendo y oponiéndose a cualquier cambio que beneficie y que fortalezca a la gobernabilidad en el país.
El último es la integración y la adaptación. Los modelos democráticos en muchos países fueron incorporados en los siglos XX y XXI, derivados de varios cambios sociales, políticos y económicos. Sin embargo, han sido cuestionados en la actualidad por su capacidad democrática para enfrentar los nuevos retos del milenio. Es por eso, que se habla de cómo los cambios estatales son integrados a cambios democráticos y la adaptación de los mismos a nuevas formas de gobierno, así como la participación ciudadana que incorpora otros elementos como: rendición de cuentas, transparencia y auditoría social para fortalecer la legitimidad de los gobiernos.
La gobernabilidad democrática se caracteriza entonces por elementos como inclusión, igualdad, equidad, el logro de consensos, diálogo permanente, la desconcentración y descentralización del Estado, una planificación estratégica a largo plazo que permita tener metas como país y no como gobierno, y el elemento más importante: los niveles de participación ciudadana, y de este último hay mucho de qué hablar.
Yo soy de la generación postguerra, no viví el conflicto armado interno como mis padres lo hicieron, y esto representó para mí resignificar e interiorizar los Acuerdos de Paz y cómo en la actualidad mi generación adoptó esas luchas sociales por el reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas y la construcción de un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Las luchas por la configuración de una nueva sociedad más justa, en la historia de Guatemala y de algunos países centroamericanos, están marcadas por el involucramiento y participación de movimientos sociales como el estudiantil y las organizaciones campesinas y comunitarias. En la historia reciente, el siglo XX es fiel testigo.
En las décadas de los 70 y 80, la organización era cuestionada, señalada y perseguida; fueron años muy difíciles, pero, también, han servido como inspiración para las nuevas generaciones sobre la participación y las luchas sociales, logrando que muchos liderazgos jóvenes se vieron reflejados en acontecimientos importantes de cambio. Hoy en día la participación sigue siendo cuestionada, no ha cambiado mucho.
Las juventudes representan la mayoría de la población en la región y hace que enfrenten grandes desafíos en cuanto a su vinculación en las decisiones económicas, sociales y culturales de los países. Además, las juventudes afrontan una crisis democrática y un alto grado de ingobernabilidad. Estamos frente a cambios de tipo generacional que demandan incorporar nuevas formas de gobernanza. La participación ciudadana configura nuevas estructuras, más allá de las tradicionales, como las movilizaciones en plazas o movimientos de calle, el voluntariado y la organización emergente; grupos, en su mayoría juventudes, exigiendo socialmente lo que hace varios años no se posicionaba por miedo: la diversidad sexual, la igualdad de género, la educación integral en sexualidad, una cultura de paz, entre otros.
El avance de las tecnologías también ha presentado herramientas que las juventudes hemos potencializado para alzar la voz y exigir una rendición de cuentas y transparencia en el uso de los fondos públicos. Los altos niveles de participación ciudadana para medir la gobernabilidad democrática significan involucrar a la población en la toma de decisiones que afectan su desarrollo integral y estas deben ser apoyadas con órganos que promuevan su vinculación con niveles de propuestas y trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales y con otros sectores para que juntas y juntos podamos establecer políticas públicas a través de los verdaderos consensos sociales que contribuyan a alcanzar el estado de bienestar para todas y todos.
En la época que me ha tocado vivir y participar ha sido clave el rol que jugamos las juventudes. Reconocer una Guatemala diversa, la historia y las condiciones desiguales en las que vive la mayoría de población guatemalteca, fueron los motivos por los que decidí involucrarme y participar. En mi experiencia, la inspiración más grande fue encontrarme con grupos de jóvenes en las comunidades que, en cualquier condición, al igual que yo soñamos, anhelamos y estamos convencidos que la construcción colectiva es la vía para la transformación del Estado. Creo que todas y todos los ciudadanos debemos ser más conscientes del verdadero significado y el poder de la ciudadanía, no basta con el ejercicio democrático de elegir cada cuatro años. Definitivamente nuestros países pasan por serios problemas de gobernanza que nos invitan a pensar que nuestro mejor camino debe ser la participación y organización; por lo tanto, eso requiere una mayor apropiación y vinculación por parte de las y los ciudadanos.
Hace 16 años, luego de tener varias experiencias en derechos humanos en la COPREDEH, fundamos una organización con un grupo de jóvenes y, desde ese momento, a través del voluntariado, miles de jóvenes hemos desarrollado acciones que se han traducido en políticas públicas para la niñez, adolescencia y juventud, iniciativas de ley, acciones y procesos reflejando las necesidades de la población, jóvenes optando a cargos públicos en los concejos municipales, y una de nuestras luchas más sólidas, aumentar la participación de las mujeres jóvenes en lo local.
No ha sido fácil, la sostenibilidad de una organización requiere que su estructura sea clara en cuanto a sus principios por las que fue creada, Paz Joven Guatemala ha sido ese espacio coherente, que nos ha dado muchas alegrías, mucho coraje, me ha empoderado como mujer y me ha llenado de mucha valentía para seguir creyendo en la lucha y defensa de los pueblos.
Los cambios nos han tomado años y han sido graduales, muchas veces queremos cambios inmediatos, pero no sucede así. Construir un país requiere de ir paso a paso, cambiando imaginarios sociales, promoviendo presupuestos participativos, co-creando políticas públicas, creando mecanismos de participación genuinos y representativos.
La gobernabilidad democrática se convierte en la clave para mejorar la calidad de vida y de desarrollo para las sociedades, el fortalecimiento de un Estado, pero sobre todo construir Estados más sólidos y capaces en dar respuesta a las grandes demandas de la población a partir del reconocimiento de las características individuales de cada persona y una participación ciudadana basada en el respeto de los derechos fundamentales.
Para la región que viene, cada persona tiene una experiencia distinta que nos ha llevado a ser protagonistas de cambios sociales. Vendrán muchas generaciones que también tendrán sus propias vivencias y enfrentarán los mismos o nuevos desafíos, pero lo más importante es que todas y todos formemos, comprendamos y analicemos mejor la realidad para ser parte de la construcción de los países que queremos y merecemos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Masacre (CIDH) (2004). Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala Reparaciones (Art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Recuperado de https:// copredeh.gob.gt/wp-content/uploads/Caso-masacre-plan-de-sanchez-REPARACIONES-1.pdf
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (2002). Guatemala Memoria del Silencio. p. 42-52. Guatemala: Fundación Myrna Mack. Recuperado de https://myrnamack.org.gt/images/folletos/guatemala-memoria%20del%20 silencio.pdf
Salamanca, C. (enero 2015). Los lugares de la memoria y de la acción política en Guatemala. Justicia transicional, políticas del reconocimiento y fricciones de secularismo. Revista de Estudios Sociales, N. 51, parr. 32. Recuperado de https:// journals.openedition.org/revestudsoc/8793?lang=es
